El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes, 8 de noviembre, a un decreto que va a permitir que más de 93.500 empleados del sector público regional se beneficien de un incremento adicional de su salario en un 1,5%, que se hará en la próxima nómina del mes de noviembre. Aumento que supondrá un gasto de 62,5 millones de euros a las arcas autonómicas. En este sentido, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado en rueda de prensa que «se verán beneficiados, además de los funcionarios, los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, el cuerpo docente de la educación concertada, así como trabajadores vinculados a empresas y fundaciones públicas». Además, ha explicado «que el Real Decreto Ley 18/2022, del pasado día 18 de octubre, contempla una compensación adicional del 1,5% en las retribuciones del personal público para este año, con carácter retroactivo a efectos del 1 de enero de 2022, lo cual trata de actualizar las tablas retributivas de los empleados públicos».
Después de la aprobación de este decreto de adaptaciones presupuestarias a la normativa nacional, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que Castilla-La Mancha va a ser «de las primeras que haga efectivo este incremento previsto en la legislación básica del Estado”. Así pues, «para hacer efectivo este incremento cuanto antes, la región se ha querido dar prisa en aprobar este mecanismo imprescindible de forma que, a finales de este mes de noviembre, los trabajadores públicos lo verán reflejado en sus nóminas». En este sentido, los servicios de retribuciones «ya han recibido las instrucciones y directrices necesarios para hacer efectivos los pagos de esta compensación».
Serán 62,5 millones de euros los que el Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que dispensar para poder abonar esta subida salarial, que pretende “hacer frente a los efectos de la inflación y a la campaña de Navidad«, ha explicado Juan Alfonso Ruiz Molina. Una medida con la que «se cumple un compromiso habitual de agotar las posibilidades máximas que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado«. Así pues, el incremento total será de un 3,5%, más allá del 2% inicial, sumando las dos subidas planteadas.
Por su parte, según ha explicado Juan Alfonso Ruiz Molina, para los empleados públicos de la administración regional «desde 2015 se ha incrementado la retribución en más de un 22%, sumando a estas subidas otras anteriores como, por ejemplo, la devolución de la paga extra suprimida en 2012 por el gobierno del Partido Popular, o la recuperación del 3% de la llamada tasa Cospedal, a la que se sumó un 0,5% extra».
Respuesta de los sindicatos.
El sindicato de este sector, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha mostrado su «descontento con esta medida». De hecho, lamentan que el Gobierno de Castilla-La Mancha «utilice la subida del 1,5 % a los empleados públicos como propaganda, cuando se trata de un aumento de obligado cumplimiento, como parte de un acuerdo nacional, el cual no corrige la inflación disparada, siendo esta una de las más elevadas de todo el país». Así pues, su presidente regional, Julio Retamosa, ha destacado que se “está intentando vender una subida que es insuficiente y no nos podemos olvidar de todos los recortes que se mantienen».
De igual manera, en palabras de Julio Retamosa, presidente regional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha asegurado que «desgraciadamente, la firma de CCOO y UGT con el ejecutivo nacional permitió dar luz verde a un acuerdo que resta un enorme poder adquisitivo al conjunto de empleados públicos y que ni siquiera corrige la inflación de este año», que también ha recordado «que el sindicato reunió a más de 70.000 personas los pasados meses de abril, mayo y junio para obligar al gobierno central a sentarse a negociar en términos de materia salarial tras más de dos años de silencio”.
