Los agentes de Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, han inspeccionado un corral anexo a una vivienda, ubicada en el casco urbano de la localidad alcarreña de Zaorejas, después de recibir una denuncia por un posible episodio de animales en malas condiciones. Una vez dentro, en compañía del propietario, pudieron constatar que se trataba de una leñera cerrada de unos 60 metros cuadrados, que carecía de ventilación, así como de entrada de luz solar. Allí permanecían, completamente hacinados, 24 perros, algunos de ellos cachorros, pudiendo comprobar desde el primer momento que las condiciones en las que se encontraban, tanto desde el punto de vista higiénico-sanitario, como desde las propias necesidades etológicas de los animales, eran absolutamente inadecuadas.
Así pues, los agentes de Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, interpusieron la correspondiente acta de inspección al propietario, en la que se consignaron sendos delitos contra la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha, como la carencia de núcleo zoológico, de identificación de los animales, además de la inexistencia de la administración de los tratamientos sanitarios obligatorios y de la escasez de condiciones higiénico sanitarias requeridas. Unos hechos, constatados el pasado lunes, 17 de julio, que se comunicaban a los veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria de Molina de Aragón, para la valoración posterior del estado zoosanitario de dichos animales.
En este sentido, con la modificación del Código Penal, se han incorporado al delito de maltrato animal nuevos agravantes, que permiten la imposición de penas mas graves, permitiendo adoptar medidas como el cambio sobre la titularidad y cuidado del animal. De igual manera, la nueva Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales incorpora una serie de delitos en materia de protección y derechos de los animales, con sanciones máximas que pueden ser de 10.000 euros sin son leves, 50.000 euros si se trata de graves o hasta los 200.000 euros por incumplimientos muy graves.
