La Policía Nacional ha liberado a un total de 23 víctimas de explotación sexual a las que engañaron con un futuro trabajo en salones de belleza en seis provincias, y ha detenido a ocho personas acusadas de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores, entre otros. Las 23 víctimas han sido liberadas en las ciudades de Ciudad Real, Guadalajara, Alcalá de Henares, Alicante, Lugo y Úbeda, en Jaén. El operativo ha sido llevado a cabo en el marco del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos, donde se ha descubierto una red criminal que presuntamente se lucraba con la explotación sexual de sus víctimas, una de ellas con discapacidad intelectual, después de que las engañaran diciendo que tendrían otro tipo de trabajo o bajo condiciones muy diferentes. Los registros pertinentes han tenido lugar en las localidades de Ciudad Real, Guadalajara, Alcalá de Henares, Alcoy, Úbeda y Lugo, en los que se han intervenido teléfonos móviles, más de 5000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes tales como cocaína y «tusi», así como documentación relacionada con la investigación. Del mismo modo, se ha procedido a la detención de ocho personas, una de ellas en Ciudad Real, dos en Guadalajara, además de Alcoy, Úbeda y Lugo.
Según ha trascendido, la organización captaba a sus víctimas que se encontraban en España en situación irregular o en su lugar de origen, fundamentalmente Colombia, a través de personas que conocían, familiares o compatriotas. Las mujeres entraban por los aeropuertos de Madrid o Barcelona a quienes engañaban ofreciéndoles un trabajo diferente, en el sector de salones de belleza o cuidado de ancianos, y bajo condiciones muy diferentes a las que finalmente iban a someterse. Por su parte, los detenidos se encargaban de contactar con los clientes a través de páginas web, acordando todos los servicios sexuales. Las mujeres, que no podían rechazarlos, estaban obligadas a pagar a la organización aún más dinero en concepto de abono por realizar dichas gestiones. Además, estaban obligadas a prostituirse bajo amenaza, trasladándolas con frecuencia de una provincia a otra, lo que dificultaba la detección de su actividad delictiva. Las víctimas eran controladas por los delincuentes mediante cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde las explotaban y donde tenían que abonar un 50% de cada servicio sexual, anotando cada registro en cuadernos y siendo forzadas a trabajar encima de palés, sin somier ni colchón, aunque se sintieran indispuestas. Por otro lado, los implicados compraban sustancias estupefacientes que ofrecían a los clientes y, según se ha podido conocer, la máxima responsable de la red adquirió múltiples propiedades inmobiliarias en varias provincias de España, e incluso en Colombia, con el dinero obtenido de la explotación y la venta de sustancias estupefacientes.
