El próximo lunes, 26 de febrero, la Audiencia Provincial de Toledo retomará el juicio contra un varón y una mujer que, presuntamente, contrataron a un sicario que acabó con la vida de su trabajadora del hogar en presencia de su hijo. Ocurrió en mayo de 2018 en el municipio toledano de Las Ventas de Retamosa. Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la vista, que se ha suspendido en varias ocasiones desde el año 2022, se prolongará hasta el próximo 8 de marzo y contará con un jurado popular. La víctima vivía en el municipio con su pareja sentimental y sus dos hijos, menores de edad, que dependían económicamente de ella.
Tal como relata la Fiscalía en su escrito, los acusados, que responden a las siglas L.C.M, conocido como «El Vacas» y su mujer, M.C.M.V, contrataron a un tercero, de nombre R.R.A, para acabar con la vida de la víctima, con iniciales M.M.A. Ello ocurrió a raíz de ser expulsados del municipio por acuerdo de los patriarcas de la zona a causa de las quejas de la víctima por las amenazas y desavenencias del matrimonio que posteriormente acabó con su vida. Para ello, el fiscal pide una pena de cárcel de 40 años por delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa para R.R.A, como autor material de los hechos, además de L.C.M y M.C.M.V, en concepto de inductores y cooperadores necesarios para cometer dicho crimen.
Según se ha podido saber, los acusados conocían a la víctima, ya que había trabajado cuidando al padre de «El Vacas» y después como empleada del hogar de la pareja. En ese momento, comenzaron las desavenencias entre ambas partes, motivadas por determinadas conductas extramatrimoniales presenciadas por la víctima y que implicaban a la mujer acusada, cuyo marido también mostró un comportamiento amenazador ya que la mujer asesinada se negó a revelar lo que sabía, acusándola a su vez de haber robado 30.000 euros que el matrimonio tenía escondido en su domicilio. Una situación que fue a mas cuando «El Vacas» exhibía una pistola que guardaba y con la que amenazaba a la víctima, causándole gran temor e impidiendo que los denunciase. Fue finalmente, y debido a las quejas que la víctima dio a los vecinos del pueblo, cuando los patriarcas acordaron el destierro del matrimonio por el comportamiento que ambos habían mantenido en la localidad.
Por ello, la pareja se marchó a residir junto a sus cuatro hijos al municipio barcelonés de Badalona. Acusando a la víctima del castigo que recibieron por parte del pueblo, contrataron los servicios de un tercero, de iniciales R.R.A, para que acabara con la vida de M.M.A y de su hijo a cambio de una cantidad económica. En el transcurso del 4 de mayo de 2018, el sicario interceptó el coche de la víctima, en el que viajaba con su hijo menor. Una vez logró que detuviera la marcha, empuñando una pistola de calibre 7’65 milímetros, efectuó hasta siete disparos por el cristal de la ventanilla del lado del conductor, sin posibilidad de reacción de defensa ante un ataque tan inesperado, y confiando en que uno de los disparos hubiese herido de muerte también al menor.
Durante la investigación, el fiscal ha señalado que los acusados no padecían ninguna patología ni afección que les impidiera conocer el alcance de los actos que habían encargado. Sobre el sicario recae, además, la acusación de un delito por tenencia ilícita de armas, otro por robo con fuerza y otro por robo. Para los tres implicados el Ministerio Público pide que abonen, de forma conjunta y solidaria, una cuantía que asciende a 350.000 euros, de los cuales 100.000 serán para la hija de la víctima, 147.000 para el segundo hijo, que presenció el suceso y resultó herido, 50.000 para la pareja de la víctima y 50.000 restante para su madre.
