La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un entramado de supuestas sociedades instrumentales, introducía vehículos en España, procedentes de la Unión Europea, que después vendían en nuestro país a través de sociedades distribuidoras sin el pago de los correspondientes impuestos. En la operación, se ha detenido a cuatro personas, los responsables y organizadores de este engaño, así como sus cómplices, poniéndose a disposición judicial a todas ellas. La organización, que operaba en Tomelloso, habría introducido vehículos por valor de 18 millones de euros, evitando 3,5 millones de euros de cuotas de IVA, entre el pasado año 2021, así como el primer trimestre de 2023, en el sector de la compraventa de vehículos usados, según ha comunicado el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El inicio de la investigación judicial, desarrollada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Tomelloso, arrancó con la denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, después de un previo procedimiento de investigación en relación con las sociedades implicadas. De hecho, se realizaron cinco registros domiciliarios tanto en Tomelloso como en Hellín y Albacete, que permitieron incautar 20.000 euros en metálico. Justo después, adoptaron medidas cautelares patrimoniales judiciales, embargando bienes inmuebles que estaban a nombre de sociedades patrimoniales de los directores de la trama, así como el bloqueo de cuentas bancarias y embargos de vehículos de las entidades y personas implicadas.
El mecanismo utilizado por la trama eran sociedades ficticias españolas, llamadas truchas introductoras, que simulaban adquirir vehículos usados directamente de proveedores europeos, matriculados en el país de origen, mediante entregas de bienes en régimen general de IVA, con lo que se adquieren exentos de IVA. Posteriormente, vendían los vehículos a otras entidades españolas, las entidades distribuidoras. Sin embargo, esas truchas introductoras españolas no ingresaban en las arcas públicas el IVA devengado en sus ventas. Además, para dificultar su detección, periódicamente las sociedades truchas eran sustituidas por nuevas empresas. Esta mecánica permitía a las entidades distribuidoras vender los vehículos a un precio menor, gracias al margen que otorga el fraude previo del IVA.
Los directores de las entidades distribuidoras, a pesar de la apariencia creada de entidades independientes, realmente controlaban las truchas introductoras y canalizaban formalmente las adquisiciones de vehículos usados a los proveedores de la Unión Europea a través de ellas, por lo que su interposición era una mera apariencia, puesto que la realidad material es que todo el proceso de compra de los vehículos en origen se realizaba y controlaba por los mismos responsables. Además, se ha constatado la interposición simulada en la cadena de transacciones para la adquisición de los vehículos de sociedades ficticias extranjeras, denominadas truchas remotas, que cambiaban el régimen aplicable de IVA.
Así pues, emitían facturas a las entidades distribuidoras españolas en régimen especial de bienes usados REBU, o régimen del margen en otros países, lo que legalmente es incompatible. Con este último método, se habilitaba a las entidades distribuidoras españolas para emitir, a su vez, facturas a sus clientes en el régimen REBU, con lo que esos clientes emitían también las facturas a sus clientes en REBU, logrando una reducción de su tributación por el IVA. De hecho, en el REBU los ingresos que se realizan por IVA son mínimos en comparación con el régimen general, en el que se debe repercutir expresamente el IVA a los clientes al 21% sobre el importe de venta e ingresar ese importe en el Tesoro Público. Mientras, en las Jefaturas Provinciales de Tráfico, la organización tramitaba la nueva matriculación de los vehículos usados en España, previo paso por la Inspección Técnica de Vehículos, aportando la documentación de las transacciones simuladamente realizadas.
