Los restos óseos encontrados el pasado martes, 6 de junio, en la inspección de un pozo ubicado en la localidad ciudadrealeña de Manzanares, son del empresario Jesús María González, de 55 años de edad, desaparecido desde el pasado día 19 de junio de 2019. Así lo comunicaba la Subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María de los Ángeles Herreros, en declaraciones a los medios de comunicación el pasado miércoles, 7 de junio, asegurando que la rapidez en los resultados de dichos análisis de ADN se debía a que, desde hacía varios días, el laboratorio disponía de las muestras del hermano de la víctima, presente en el rastreo de los pozos desde la semana pasada. Según estos análisis, el cuerpo de Jesús María González habría sido descuartizado, empezando por las extremidades para, después, continuar por el tronco. Aunque este operativo, coordinado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Manzanares, comenzaba el pasado miércoles, 31 de mayo, un día después, el jueves, 1 de junio, se tenían que sumar al mismo más agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), debido a la profundidad de los pozos donde se estaba buscando, que contaba con enormes piedras como principal obstáculo de acceso. De hecho, el cuerpo se había introducido en bolsas, justo después de haber sido quemado.
Además, en el exhaustivo rastreo, denominado Operación Desgombo, también se encontraban presentes Antonio Caba y Gaspar Rivera, para los que se dictó prisión provisional hace solo algunas semanas, por su presunta participación directa en el homicidio o asesinato de Juan Miguel Isla, cuyo cadáver también era encontrado en el pozo de una propiedad, ubicada en la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas, después de llevar desaparecido desde el pasado día 22 de julio de 2022. Al parecer, este operativo de búsqueda se habría activado después de que Gaspar Rivera declarara en sede judicial estar implicado también en la desaparición de Jesús María González. Sobre ambos se tenían sospechas desde hacía algunos meses puesto que, según adelantaban en exclusiva Castilla-La Mancha Media, así como El Periódico de España, la Guardia Civil estaba investigando la posible relación entre la desaparición de Juan Miguel Isla con la de Jesús María González, ocurrida en la misma localidad ciudadrealeña de Manzanares tres años antes.
Así pues, a Jesús María González, de 55 años de edad, conocido empresario de máquinas tragaperras, natural de Vitoria pero residente en Manzanares, se le perdió la pista después de vender dos vehículos de alta gama, concretamente de la marca Mercedes, por un valor de 14.000 euros cada uno. Al parecer, en dicha transacción, habría hecho de intermediario Antonio Caba que, tres años después, también habría ayudado a Juan Miguel Isla a vender unas tierras. Al parecer, ambos habrían desaparecido después de citarse con este mismo hombre, ahora en prisión provisional, para cobrar por la venta de dos coches, así como de una propiedad agrícola. De hecho, Jesús María González no tomó un vuelo a Paraguay al día siguiente de su desaparición, tal y como tenía previsto.
La jueza Alba María Nicolás, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Manzanares, enviaba a prisión el pasado viernes, 17 de marzo, a Antonio Caba, por su presunta participación directa en el homicidio o asesinato de Juan Miguel Isla, cuyo cadáver era encontrado en el pozo de una finca, propiedad del detenido, ubicada en la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas, después de llevar desaparecido desde el pasado día 22 de julio de 2022, cuando se desplazó de Alicante a Manzanares para cobrar unas tierras. Unos restos mortales que se encontraban el pasado martes, 14 de marzo, dentro de la Operación Mancanti, en la que participaban conjuntamente los agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real, de la Unidad Central Operativa (UCO), de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), de criminalística, así como del grupo de montaña de la Guardia Civil. Tras el hallazgo, se detenía a dos personas por su presunta relación con la desaparición, a los que se les imputa un delito de homicidio. Se trata de Antonio Caba, que había hecho de intermediario en la venta de dichas tierras del desaparecido, además de un colaborador de éste, Gaspar Rivera, de 78 años de edad, para los que se ha dictado prisión provisional.
