La Guardia Civil, en colaboración con el cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha intervenido en la localidad toledana del Toboso más de 300 conejos vivos de campo que habían sido capturados de manera ilegal y que se encontraban en 26 jaulas dentro de una furgoneta. Según se ha podido saber, su destino era la venta ilegal para la repoblación de un coto de caza. La investigación comenzó el pasado mes de enero cuando la Guardia Civil recibió información, gracias a la colaboración ciudadana, de una práctica cinegética ilegal consistente en la captura de conejos salvajes vivos, tanto adultos como crías, presuntamente, por cazadores furtivos.
A consecuencia de esta denuncia, los agentes procedieron a realizar controles operativos de seguridad ciudadana perceptivos a fin de localizar a los presuntos autores de dichas actividades ilegales. Fue en uno de los citados controles rutinarios llevados a cabo en los municipios de El Toboso y la Puebla de Almoradiel, donde se interceptó un vehículo que circulaba por la carretera comarcal CM 3103 en dirección a la localidad de El Toboso y que era conducida por una persona que no presentaba ningún tipo de autorización para el trasporte de animales vivos ni para su captura. Tras las primeras indagaciones se pudo comprobar que el individuo recorría varias localidades de la provincia de Toledo con el objeto de comprar conejos de campo vivos a cazadores de la zona con el fin de ser vendidos a los titulares de los cotos de caza para su repoblación y posterior venta de derechos de caza. Ante este escenario, la Guardia Civil solicitó la colaboración de los Agentes Medioambientales de la Demarcación Territorial de Ocaña para que pudieran dar una correcta gestión a los animales capturados. Una vez se procedió al decomiso de los mismos, estos fueron trasladados al Centro de Recuperación de Rapaces Ibéricas donde sirven de alimento y entrenamiento a las especies protegidas que se encuentran en proceso de recuperación. Una vez finalizó el operativo de la Guardia Civil, y en colaboración con los Agentes Medioambientales, se pasó a proponer para las sanciones administrativas pertinentes a la persona a la que se le incautaron los conejos.
