Como cada último miércoles de mes, el Ayuntamiento de Tomelloso celebraba este miércoles, 24 de enero, su pleno municipal, el primero del año 2024. En él, se llegó al acuerdo unánime de cambiar la denominación de la Calle Lugo por Calle Ángel Luis Cabañas Serna. Según recordaba Javier Navarro, alcalde de nuestra localidad, «procedemos a hacer justicia a una cuestión demandada por la ciudadanía y la sociedad civil, algo propuesto ya en 2022 por el Instituto Eladio Cabañero», en el que Ángel Luis Cabañas llevó a cabo cuarenta años de labor docente. Sin embargo, no todos los puntos recogidos en el orden del día eran aprobados con el mismo consenso puesto que la principal discrepancia llegaba con el cambio de emplazamiento de la subestación eléctrica de cuatrocientos kilovoltios que iba a instalarse en Tomelloso pero que, finalmente, se ubicará en Alcázar de San Juan. Ocurría antes del turno de ruegos y preguntas, cuando Javier Navarro anunciaba que «los grupos municipales del Partido Popular y de Vox han presentado una moción, anunciada al portavoz del grupo municipal socialista», para cuya explicación cedió la palabra al portavoz del equipo de gobierno, Benjamín de Sebastián.
Un turno de palabra que comenzaba recordando el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo del pasado año 2022, así como la subestación eléctrica de cuatrocientos kilovoltios que estaba previsto que se instalara en Tomelloso en su planteamiento inicial, «puesto que así se lo comunicaron a la corporación municipal, aunque se iba a proceder a una modificación puntual, que desembocó en el cambio de nombre del proyecto a Subestación Barataria». Sin embargo, ahora, «como ha podido saber el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tomelloso, la subestación se ubicará finalmente en Alcázar de San Juan». Así pues, la urgencia de la moción, explicaba Benjamín de Sebastián, se debía «a hacer partícipes al resto de las administraciones, como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real o el propio Gobierno de España, que es quien lo aprueba, que existen unos pasos perentorios que han de darse antes de cumplir los plazos pertinentes, cuyo vencimiento está próximo», añadiendo también «la gravedad de que la subestación, con su correspondiente inversión millonaria en Tomelloso, irán a parar a Alcázar de San Juan».
En este sentido, el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco José Barato, mostraba su asombro puesto que «no entendemos la urgencia» de esta cuestión, al considerar que el equipo de gobierno «podía haber llevado a cabo esta cuestión a dos comisiones de desarrollo sostenible que se han celebrado o a un pleno extraordinario», añadiendo que «se viene recurriendo habitualmente a la moción sin contar con el grupo mayoritario». En su turno de réplica, Benjamín de Sebastián, justificaba la urgencia de la moción puesto que «la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe emitir un informe perceptivo en el que valore si le parece bien que la subestación eléctrica se instale en Alcázar de San Juan porque no podemos esperar a que el Consejo de Ministros lo apruebe». Finalmente, la moción para que se respete la ubicación inicial de la subestación eléctrica en Tomelloso salía adelante, siendo aprobada por los votos del Partido Popular y de Vox contra las diez abstenciones del Partido Socialista.
Así se llegaba al turno de ruegos y preguntas, en el que el debate continuaba girando en torno a la cuestión de la subestación eléctrica. Benjamín de Sebastián detallaba que los motivos por los que, en su momento, se había elegido a Tomelloso para ubicarla se debían a «criterios de seguridad, de suministro y de competitividad, de diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del medioambiente». Así que, «en caso de que se cambiara de ubicación, se debería a cuatro motivos de causa mayor como hechos imprevistos, nuevos suministros que por motivos técnicos solo puedan realizarse en una red de transporte, razones de deficiencia económica del sistema o construcción de determinadas instalaciones en la red eléctrica que resulten críticas para la transición energética», de las cuales aseguraba que «no se da ninguna», por lo que «el Ayuntamiento de Tomelloso ha tenido que realizar alegaciones a ciegas, puesto que no ha recibido ningún informe que justifique el cambio». Además, en palabras de Benjamín de Sebastián, a Tomelloso le corresponde «por derecho propio acoger la subestación eléctrica, puesto que Alcázar de San Juan, que tiene seis mil habitantes menos que nosotros, produce 550 megavatios, mientras que Tomelloso sólo produce 1’8». Algo que, con la nueva subestación eléctrica, «Alcázar de San Juan podría llegar a producir un gigavatio en total, lo que ocasionaría impactos sobre la diversidad y el territorio, además de dejar a Tomelloso en tierra de nadie, entre la subestación La Manchega, situada en Villarrobledo, así como la de Alcázar de San Juan».
En este sentido, Francisco José Barato respondía que «es Red Eléctrica quien propone la modificación», asegurando que «hemos solicitado también acceso al informe, con el que seguramente se sepa la verdad», añadiendo que «seguramente les dejará muy mal a ustedes». Así pues, aconsejaba al equipo de gobierno «estar pendiente de las cosas puesto que, a lo mejor así, un 31 de diciembre suenan las campanadas en el reloj del Ayuntamiento de Tomelloso, que también dejó sus perjudicados». Por su parte, Benjamín de Sebastián alegaba que «Red Eléctrica nos dijo en la reunión de junio que todo iba bien y nos confirmaron el cambio de ubicación el 9 de enero, a tres días de que expirara el plazo de alegaciones». De igual manera, recordaba a Francisco José Barato que «en el año 2022 tampoco sonaron las campanas», además de tachar el asunto de la subestación eléctrica como «tropelía, conspiración y agresión a Tomelloso».
Un pleno municipal en el que también se aprobó, con los votos del Partido Popular y de Vox contra las diez abstenciones del Partido Socialista, la anulación de derechos pendientes de cobro en vía voluntaria correspondientes a los patrones de IBI urbana, IBI rústica o de entrada de vehículos del ejercicio 2023, delegados en el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Ciudad Real, con un importe 16.546,36 euros. También, era aprobada la anulación de derechos pendientes de cobro correspondientes a los meses de julio a octubre de 2023, que ascendían a 346.906,58 euros.
