A través de una nota de prensa, los agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real han hecho pública la detención de tres personas, en una operación antifraude a la Política Agraria Comunitaria (PAC), con la autorización de la Fiscalía Europea. Así pues, se les atribuyen delitos de estafa a la Hacienda de la Unión Europea, organización criminal, blanqueo de capitales, así como de falsedad documental. Una investigación, denominada Timallus, que comenzó gracias a la colaboración ciudadana, después de sospechar de la existencia de agricultores que estaban cobrando la ayuda de la PAC de manera fraudulenta, dando las primeras gestiones un resultado positivo, por lo que estos hechos se comunicaron a la Fiscalía Europea.
Justo después, se pudo identificar a una persona, así como una empresa, que había solicitado ayudas directas de la PAC en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, presentando anomalías e irregularidades, además de un crecimiento desorbitado y un aumento de hectáreas, recintos, subvención solicitadas, pasando de percibir en 2018 una cuantía de 2.000 euros aproximadamente, a más de 40.000 en 2020. Se comprobó también que esta persona, junto con otra más, eran propietarios de otras empresas, con las que se realizaban compras de derechos de pago y búsqueda de parcelas no declaradas. Así pues, se trataba de una organización criminal estructurada, constituida por tres personas, así como cinco empresas, que operaban en diversas provincias de la geografía española, entre las que se encuentran Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia y Madrid.
De igual manera, dos de estas empresas se encargaban de comprar derechos de pago para después cotejarlos con parcelas no declaradas por nadie en varias campañas de la PAC, datos obtenidos por alguien con acceso a bases de datos oficiales. Mientras, otras dos empresas se utilizaban exclusivamente para pedir ayudas de la PAC, así como para realizar facturas falsas a terceras personas, anexándolas a las peticiones de subvención. Por último, otra empresa se publicitaba en internet, con el objetivo de localizar parcelas en todo el territorio nacional para llevar a cabo este fraude. Además, se concluyó que este entramado criminal no sólo percibía dinero de titularidad pública de manera directa, siendo solicitado por sus empresas, sino que también lo recibía de manera externa, mediante contratos mercantiles para la activación de los derechos de pago con terceras personas.
De hecho, se estima que se han defraudado 212.000 euros de dinero público en subvenciones de la Unión Europea, llegando a los 500.000 euros con los beneficios obtenidos de manera indirecta. Tras los registros llevados a cabo en Murcia, donde tenían su sede social las empresas implicadas, se han intervenido 13.050 euros en metálico, además de nueve cuentas bancarias, por importes cercanos al millón de euros, así como propiedades, vehículos y tractores.
