En vísperas de la Semana Santa 2024, el Ayuntamiento de Tomelloso ha reunido a los 21 concejales para celebrar el Pleno municipal del mes de marzo. Nuevamente, las diferencias entre gobierno y oposición han vuelto a relucir esta vez a raíz del plan de acción en las cuevas de Tomelloso, especialmente en el Barrio Esperanza de la localidad. A su vez, otro punto de fricción ha tenido que ver con el nuevo «canon del agua» que ha puesto en marcha la Junta de Castilla-La Mancha, como ya denunció el pasado viernes el gobierno municipal de Tomelloso, y cuya moción en contra ha salido adelante con los votos a favor de Partido Popular y Vox, en contrapunto con el grupo municipal socialista, que ha votado en contra. Otro de los asuntos recogidos y aprobados en pleno ha sido la concesión de la Medalla de Oro de Tomelloso al puesto de la Guardia Civil. El alcalde ha comenzado disculpando la ausencia de la concejal socialista Inmaculada Jiménez.
El primer punto del día que ha causado discrepancias entre el equipo de gobierno municipal de Tomelloso, formado por Partido Popular y Vox, y el grupo municipal socialista, ha sido el acuerdo adoptado en relación al compromiso de financiación de Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha para la realización del estudio llamado «Ampliación del estudio para cartografía, análisis, diagnóstico y plan de acción en cuevas de Tomelloso». El concejal y portavoz socialista, Francisco José Barato, ha comenzado anunciando el apoyo favorable a este acuerdo en el que ha señalado que es “un asunto muy serio, probablemente de los más importantes que tiene que enfrentar este Ayuntamiento, ya que hablamos de la seguridad de las personas en sus viviendas” y perteneciente al Barrio Esperanza “del que soy vecino de nacimiento y del que conozco su realidad socioeconómica”, anunciando que “en este tema vamos a actuar siempre con lealtad y compromiso” y que “no nos verá desde este grupo municipal ni que montemos reuniones paralelas con vecinos, con supuestos expertos de la Universidad de Jaén, ni artículos de opinión agitando y creando confusión, ni ruedas de prensa exigiendo reaperturas del tráfico en vías sin saber la realidad de lo que existe”.
En el turno de réplica ha tomado la palabra el concejal y portavoz del gobierno municipal, Benjamín De Sebastián, para criticar que “por un lado se nos tiende la mano, pero por otro se nos tienden reproches” y recordando que el entonces gobierno socialista “dio al resto de grupos que ocupaban el Pleno de la anterior legislatura entre cero y ninguna información”. A su vez, De Sebastián recurría a la memoria realizada en su momento para criticar lo afirmado por Barato sobre que “se continúa con la labor del anterior gobierno” y señalando que en dicha memoria “solo se recoge lo que dice la jefa del área de urbanismo, la arquitectura municipal, con un trabajo exclusivamente técnico” por lo que invitaba al señor Barato “a no echarse tantas flores” y reprochando “que el Consejo de Ministros no nos ha hecho caso” y que “la única ayuda que nos está llegando a ese respecto son, precisamente, de diversos grupos en diversas cámaras, tanto del Partido Popular como de Vox, mientras que ni el PSOE, ni en las Cortes de Castilla-La Mancha ni en ningún sitio nos podrían haber echado una mano y no lo han hecho”, aludiendo directamente a Francisco José Barato, concejal y diputado regional, “para ayudarnos, porque usted es tomellosero antes que socialista”.
Otro punto de desacuerdo ha tenido lugar en el apartado 11 del orden del día, que abordaba el acuerdo a adoptar en relación con solicitud a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha y al Gobierno de Castilla-La Mancha respecto del canon DMA previsto en la Ley 2/2022 del 18 de febrero, es decir, el llamado «canon del agua» que pondrá en marcha el gobierno de Emiliano García-Page y denunciado por el gobierno municipal el pasado viernes en rueda de prensa. A este respecto, Barato ha tomado la palabra para dirigirse al alcalde y afirmar que “la demagogia en materia fiscal no me gusta”, alegando “que a los ciudadanos no se les puede engañar, porque entienden la importancia de pagar impuestos, tasas y precios públicos” y catalogando la polémica de “campaña de ruido y crispación”, debido a que el «canon del agua» “ya está implantado en casi todas las comunidades autónomas, bien puesto en marcha o mantenido por gobiernos del Partido Popular”. El portavoz socialista recordaba que “este «canon del agua» es la aplicación de una directiva europea del año 2000 aceptada por una trasposición de España en el año 2002, bajo el gobierno de José María Aznar, y donde Castilla-La Mancha, que era una de las tres últimas regiones que aún no lo había aplicado, lo pondrá en marcha el 1 de enero de 2025” tras la suspensión del mismo, en el año 2022, “por la recuperación de la pandemia y la guerra de Ucrania, en cuya votación para su suspensión el Partido Popular votó en contra”, según recuerda Barato. Además, el concejal argumentaba que “nos encontramos dentro del plazo de trasposición de esa directiva, y pasado ese plazo, quien no lo haya aplicado, incurrirá en un procedimiento por incumplimiento que acarreará sanciones económicas que al final tendremos que pagar todos los ciudadanos, además de poder tener penalizaciones en materia de fondos europeos”. Respecto a cifras, Francisco José Barato explicaba que Castilla-La Mancha “ha optado por la aplicación más social, con el tramo más bajo posible y donde los 10.000 primeros litros de agua estarán exentos del «canon del agua», que además tendrá bonificaciones de hasta el 75% a colectivos vulnerables, víctimas de violencia de género y familias numerosas”, por lo que es probable que “la mayoría de vecinos de Tomelloso ni siquiera llegue a pagar ese canon”.
Ha sido el concejal de Agricultura, Jesús Lara, quien le ha dado la réplica a Fran Barato para denunciar que “estamos ante un impuesto nuevo que se aplicará de forma cuatrimestral” y señalando al concejal socialista “por no aclarar si se pagará durante los primeros cuatro meses de 2025 o si se empezará a pagar desde septiembre a enero del próximo año”, a lo que Lara se decantaba por la segunda opción. Además, el responsable de Agricultura recordaba que “las tasas se pagan por las prestaciones de servicios, pero aquí no estamos hablando de prestación de servicios”, por lo que ha hablado directamente de “impuesto a cargo de los castellanomanchegos” en referencia al «canon del agua». Del mismo modo, explicaba que la trasposición de la directiva mencionada por Barato “se realizó en 2022, y fue ahí cuando nos quedamos excluidos de cualquier sanción”, recordando además que “si se hubiese producido alguna sanción, habría sido hace mucho años ya que la directiva tendría que haberse aplicado en el año 2000, donde José María Aznar estaba en el gobierno de España, pero cuya normativa europea tendría que haberla aplicado el gobierno de Castilla-La Mancha de aquel entonces”. A este comentario, Francisco José Barato ha replicado a Jesús Lara afirmando que “reconoce que esta directiva tendría que haberse aplicado mucho antes y, sin embargo, defiende la moción que pide que se derogue”, añadiendo irónicamente “señor Navarro, tiene usted al enemigo entre sus filas, tenga cuidado”. La réplica del titular de Agricultura, Jesús Lara, desgranaba casos concretos en los que el «canon del agua» afectará a Tomelloso, por ejemplo, “en el coste variable de los 472.000 metros cúbicos de agua estimados anualmente para nuestra localidad, que supondrá 47.000 euros más al presupuesto de Tomelloso, algo que va a repercutir a los vecinos por la obra y gracia de la Junta de Castilla-La Mancha”. Finalmente, la moción ha salido adelante con los votos a favor de Partido Popular y Vox, mientras que el PSOE ha votado en contra. A ello se ha sumado la replica del alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, que afirmaba que, según los presupuestos de 2024, “la factura le va a llegar al vecino en enero por la previsión de ingresos de 38 millones de euros solo para un cuatrimestre”, señalando así que “tocamos a 600.000 euros en Tomelloso” en una ciudad donde “la mayoría de las viviendas cuentan con más de dos ocupantes”, preguntándose al mismo tiempo “¿qué le va a decir a las bodegas, nuestras cooperativas y nuestra industria?” y afirmando irónicamente que “tenemos que aplaudir la gestión del señor Emiliano García-Page”.
El pleno municipal incluyó en su agenda temas como la aprobación de salarios para los trabajadores del consistorio acorde a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, decisiones sobre la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la unidad local de la Guardia Civil, ambos puntos aprobados por unanimidad, así como resoluciones relacionadas con los derechos a cobrar correspondientes a noviembre y diciembre del año anterior, delegados en el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, y aquellos considerados irrecuperables o fallidos por la Recaudación Municipal. Durante el apartado de ruegos y preguntas, la edil socialista Alba Ramírez interpeló a Rocío Valentín, concejala de Infancia, Turismo y Promoción Económica, sobre los contratos de abastecimiento con la Escuela de Educación Infantil Lorencete, mencionando el cese de una empresa local en el suministro de carne, reemplazada por una firma catalana, y cuestionando si esta nueva empresa cumple con la entrega cada cuatro o cinco días, en contraposición a la frecuencia estipulada de cada 48 horas. Valentín aseguró que las entregas se efectúan dos veces por semana y que la escuela dispone de la capacidad necesaria de almacenaje, garantizando así la seguridad y calidad del servicio.
