Mañana jueves, 29 de febrero, tendrá lugar el juicio contra los dos padres de una alumna del Instituto de Educación Secundaria Vicente Cano de Argamasilla de Alba. El caso llega al juzgado casi dos años después de que los acusados agredieran a cuatro profesionales del centro, entre ellos el director. Una situación “desgraciadamente cada vez es mas recurrente” según denuncia el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Enseñanza de Castilla-La Mancha, que piden una pena de 4 años y seis meses de cárcel para cada progenitor por atentado a funcionarios públicos docentes, lesiones y delito de amenazas, además de una nueva orden de alejamiento de un año para los acusados.
El Juzgado de lo Penal Nº.1 de Ciudad Real acogerá mañana el juicio a los progenitores de una alumna que agredieron a cuatro profesionales del IES Vicente Cano de Argamasilla de Alba el pasado 24 de mayo de 2022, cuando los padres de dicha alumna se acercaron al centro “a reclamar algo con muy malas formas e insultos”. La situación, que obligó a interrumpir la actividad lectiva del centro educativo, llevó a las autoridades a determinar para los padres una orden de alejamiento del instituto. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Enseñanza de Castilla-La Mancha, que representa jurídicamente a dos de los profesionales agredidos, ha lamentado unos “hechos gravísimos que requieren medidas valientes y eficaces por parte de la Administración”, y afirmando la necesidad de paliar esta tendencia al alza que cada vez se repite mas en centros escolares, con ejemplos recientes como “una agresión hace pocos meses a un docente en el CEIP Virgen de la Sierra de Villarrubia de los Ojos”. Dicho sindicato ha afirmado, además, que se personará en el juzgado que llevará a término el caso, y ha insistido en la necesidad de fortalecer la Unidad de Atención al Profesorado de la Consejería en busca de “eficacia, trabajar los valores desde la base y reforzar la labor del profesorado ante toda la sociedad”. La Fiscalía, por su parte, solicita un año y nueve meses de cárcel por atentado a la autoridad, otros tres meses por delitos de lesiones leves además de una orden de alejamiento de seis meses.
